Libre como un pájaro verde: El proceso de legalización del aborto en Argentina

A finales del horrible 2020, Argentina legalizó el aborto para personas embarazadas hasta las 14 semanas de gestación un hecho que convierte a la nación latinoamericana en una de las más avanzadas de su región en relación a los Derechos Humanos. Sin embargo, dos años antes el Senado fallaba en contra de la misma medida.

Pero no fue una victoria fácil y azucarada, ya que, en 2019, una niña de 11 años fue forzada a dar a luz después de ser violada incluso habiendo presentado recursos legales para abortar. Esta violencia fue calificada como “el peor tipo de crueldad para esta niña” y llamó la atención no solo de la sociedad civil argentina, sino de todo el mundo.

Durante este escenario movimientos sociales de base ganaron una voz más activa, tales como La Marea Verde, conocidas por ropas y pañuelos verdes y defensoras del derecho de abortar, y Ni Una Menos, un colectivo que se opone a la violencia contra la mujer, particularmente violaciones y feminicidios. Una pelea que fue esparciéndose a través de diversos sectores de la sociedad argentina, y de la cual formó una parte integral la ONG Amnistía Internacional.

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En una entrevista exclusiva para Scarleteen, La Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, habla del proceso para la legalización del aborto en Argentina, las condiciones de Educación Sexual en el país Sudamericano y recuerda en su segunda entrevista para mí, el caso de la niña violada que actuó como un catalizador para los cambios que hoy vive el país.

Scarleteen (ST): En los últimos días del awful 2020, Argentina logró hacer algo nada terrible, la legalización del aborto. ¿Qué representa esto para Argentina y sus ciudadanos, en particular las personas capaces de gestar, colectiva e individualmente?

Mariela Belski (MB): Todos estos años, cientos de miles de mujeres y niñas sumaron fuerzas para instar a los legisladores y las legisladoras de Argentina a despenalizar el aborto y garantizar el acceso seguro a servicios médicos de interrupción del embarazo. Estas mujeres formaron parte de una gran campaña. Procedían de distintos movimientos y organizaciones, como Amnistía Internacional Argentina, unidas en su lucha para lograr el cambio. Por lo tanto, los movimientos de base fueron actores clave para este histórico avance.

Ni Una Menos marcó un hito en la participación de las nuevas generaciones en torno a la agenda de género y derechos humanos, iniciando nuevas formas y espacios de lucha. Esto ayudó a preparar el terreno para la histórica movilización del movimiento por la legalización del aborto. La Marea Verde marcó un punto de inflexión en la reivindicación del derecho a la autonomía reproductiva de las mujeres.

ST: ¿Cómo es la Educación Sexual en el pueblo argentino? ¿Qué papel juegan el acceso (o falta de acceso) y la calidad (o falta de calidad) de la Educación Sexual en la necesidad y el acceso al aborto?

MB: A pesar de que la implementación de la educación sexual es obligatoria en todas las escuelas de Argentina desde 2006, muchas personas jóvenes del país siguen sin tener acceso a conocimientos básicos de sus derechos sexuales.

La efectiva implementación de la ley de Educación Sexual Integral (ESI) es una herramienta critical para garantizar que las y los jóvenes conozcan sus derechos, puedan hablar más abiertamente acerca de su sexualidad, vivirla libremente y mostrar un mayor respeto por la diversidad sexual entre sus pares. La educación sexual integral contribuye a disminuir los embarazos adolescentes no intencionales y a prevenir infecciones de transmisión sexual.

ST: ¿Crees que el acceso a Educación Sexual precisa puede ayudar a los argentinos a comprender cuán relevante es tener acceso al aborto authorized y a los métodos de contracepción?

MB: Tal como mencionamos en la respuesta anterior, la educación sexual integral es very important para la toma de decisiones libres e informadas sobre el propio cuerpo. Poder decidir si se quiere tener hijos o no, cuándo y cómo, es esencial para la salud, el bienestar y la plena realización de los derechos humanos de las mujeres, las niñas y todas las personas que pueden quedar embarazadas.

Por eso, desde Amnistía Internacional hacemos campaña para que los jóvenes conozcan cuáles son sus derechos y puedan tomar decisiones informadas sobre sus propios cuerpos. Esto es acompañado por talleres de formación en derechos sexuales y reproductivos y el empoderamiento de jóvenes para la realización de talleres entre pares, contribuyendo a que éstos se conviertan en agentes de cambio para la promoción y la protección de los derechos sexuales y reproductivos. También impulsamos la participación juvenil en espacios de toma de decisión política, para que su experiencia y opiniones sean consideradas en el diseño de las políticas públicas.

Las estrategias de trabajo con juventudes han permitido que los jóvenes lideren estrategias de incidencia para promover la ESI (Programa Nacional de Educación Sexual Integral). En este sentido, fuimos parte de los procesos de gobierno abierto para el monitoreo de la ESI y logramos por ejemplo que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires asuma compromisos para brindar información sobre la implementación de la ESI. En el ámbito nacional contribuimos a la creación del Observatorio Federal de la ESI.

ST: Argentina es el mayor país de Latino América en aprobar esta ley. ¿Crees que otros países en la región van seguir el mismo camino?

MB: Nuestro país históricamente ha tenido, y tiene, un fuerte rol en marcar la agenda regional con leyes que amplían derechos y es esperable que este avance impacte en países como México, Chile, Perú, Colombia y República Dominicana, donde también el movimiento de mujeres se ha ido robusteciendo.

La histórica aprobación de la ley que habilita la interrupción legal del embarazo hasta la semana 14 de gestación en Argentina es un logro que sirve como inspiración para que otros países de la región y el mundo avancen en el reconocimiento del acceso al aborto legal y seguro para la realización de los derechos humanos de las mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar.

Es una victoria del movimiento de mujeres en la Argentina, que hace décadas viene luchando por sus derechos. Ahora, las personas que decidan interrumpir su embarazo contarán con un servicio seguro y de calidad. Crecimos como sociedad y esto servirá de faro para la región, sin lugar a dudas. Desde Amnistía Internacional vamos a trabajar para que el Estado garantice el cumplimiento del aborto legal en todo el país.

ST: ¿Hay algo más que le gustaría decir?

MB: El reconocimiento del derecho al aborto, que permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas de gestación, es sin duda un paso histórico en la realización de los derechos humanos de las mujeres, las niñas y las personas embarazadas, pero aún quedan importantes desafíos por delante para garantizar su efectiva implementación.

La ley argentina incorporó a nivel federal, el reconocimiento del aborto y la atención postaborto como una prestación gratuita y obligatoria del sistema de salud, que debe ser garantizada tanto en el ámbito público como en el privado, en un plazo máximo de 10 días desde que se solicita y en todas las formas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). De esta manera, la ley establece un piso mínimo de derechos que debe ser garantizado en todo el país en igualdad de condiciones.

A pesar del consenso democrático logrado, existen ciertos sectores que buscan obstaculizar el acceso al aborto lawful. Sin duda, nos queda un arduo trabajo por delante para defender la ley y exigir políticas activas para la efectiva implementación de la ley en todas las provincias del país.

Para un efectivo ejercicio del derecho al aborto, será elementary realizar campañas masivas para que las titulares del derecho tengan acceso a información veraz y confiable y para dotarlas de herramientas para exigir el acceso a sus derechos. También será necesario fortalecer el acceso a la educación sexual integral y capacitar con perspectiva de género a los prestadores de salud, a los docentes y a los agentes del poder judicial.